En la Argentina más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres y, la mayoría de ellos vienen de familias cuyos padres nunca han trabajado, o lo han hecho en forma precaria sin estabilidad y sin relación con el mercado formal de la economía. Las consecuencias e impacto de esto sobre la subjetividad de las personas, son devastadoras. Robert Castel lo describe en términos muy claros cuando dice: “La inseguridad social no solo mantiene viva la pobreza. Actúa como un proceso desmoralizador de disociación social,....disuelve los lazos sociales y socava las estructuras psíquicas de los individuos...Estar en la inseguridad es no poder dominar el presente ni anticipar positivamente el porvenir’”.
Esta es la realidad social y económica por la que transita la infancia vulnerable en la Argentina. En el ámbito legislativo se sancionó en el 2006 la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 26.061, cuyos supuestos básicos se sostienen en la Doctrina de la Protección Integral, es una Ley que intenta ser superadora del modelo de patronato y de la mirada del niño y niña como objeto de protección, situándolos como sujetos de derecho.
Sin embargo, la nueva ley plantea una institucionalidad completamente diferente a la que ha funcionado durante más de un siglo, las estructuras burocráticas, oficiales, judiciales y la mirada social, parecen estar “programadas” según el modelo paternalista y de control social de la infancia pobre que es el que ha funcionado hasta ahora. La implementación de políticas basadas en esta nueva legislación no significa hacer más de lo mismo con otro discurso, sino que supone una transformación profunda en las relaciones del Estado, las instituciones y los adultos con los niños y adolescentes.
La nueva ley y su reglamentación vienen a ser nuevas reglas del juego que delimitan diferentes roles y espacios en los que el Estado y Sociedad debemos movernos con respecto a la Infancia y Adolescencia, en este sentido, se hacen necesarias algunas puntualizaciones:
1.- El colectivo de niños, niñas y adolescentes no pueden estar ajenos a la puesta en marcha de la nueva institucionalidad requerida para el efectivo cumplimiento de la protección integral de sus derechos.
2.- La protección integral necesariamente implica la incorporación de una mirada en clave de complejidad, esto quiere decir que las nuevas reglas de juego deben aceptar nuevos actores y dispositivos que comprendan esa complejidad y actúen en consecuencia.
3.- Reclama reconocer que el desconcierto y la incertidumbre que cada vez más se va apoderando de los adultos en estas nuevas relaciones, no pueden resolverse con las mismas herramientas de principios de siglo. Las intervenciones deben comprometer modelos flexibles e interactivos de relación entre los niños, las familias y las instituciones que permitan dar cuenta de la heterogeneidad de situaciones y obstáculos que se presentan en la vida cotidiana de los niños y sus familias y puedan procesar con rapidez y eficacia sus demandas y necesidades, incluyendo su punto de vista en los aspectos que les concierne. Todavía, hay mucho trabajo por hacer.
Elena Durón
P.E.T.I.S.O.S.
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