El 20 de octubre, una patota sindical de la Unión Ferroviaria asesina al militante Mariano Ferreyra de 23 años y deja en estado de coma profundo a Elsa Rodríguez, de 56 años y madre de siete hijos. Los dos participaban de una protesta en reclamo de la reincorporación de trabajadores despedidos y por la contratación en blanco de quienes se encuentran bajo la modalidad de terciarizados: un gran negocio compartido entre funcionarios del gobierno, dirigentes gremiales y empresarios. Según datos del ANSES, el 75% de la población activa entre 18 y 29 años (unos ocho millones de varones y mujeres) está desocupada, en negro o terciarizada, sin ninguna cobertura social.
La muerte de Mariano es un símbolo doloroso de la situación en que se encuentra una mayoría abrumadora de nuestros jóvenes, condenados y sin futuro ante la imposibilidad de calificarse en los niveles que requiere la organización de los procesos de trabajo en las nuevas coordenadas impuestas por la Revolución Científico-Técnica. También da cuenta de la degradación de las dirigencias sindicales, impregnadas de corrupción e impunidad y dispuestos a conservar su poder utilizando grupos de choque al mejor estilo mafioso.
Ese mismo mes, un anuncio vino de Misiones: con pocas semanas de diferencia murieron Héctor Díaz de 2 años en la ciudad de Apóstoles y Milagros Benítez de 15 meses, en la localidad de Montecarlo; ambos por desnutrición grave. El gobernador kirchnerista Maurice Closs, reconoce que la muerte de chicos por hambre y desnutrición es un problema extendido en esa provincia -unos 300 casos por año- pero la culpa sería de los padres, que no saben utilizar bien su brillante plan Hambre Cero.
Las condiciones de trabajo de los cosechadores de yerba mate -los tareferos- no evocan precisamente la vigencia de derechos sociales: explotados en sus salarios y sin ninguna protección, las tareas estacionales los dejan desocupados una parte del año y sus niños sufren situaciones de indigencia, compartidas con otros menores de la provincia. Dos muertes más que son símbolos de una situación laboral inaceptable, con sus secuelas de miseria e indigencia aunque, según datos del INDEC, prácticamente estas lacras habrían desaparecido de nuestro país.
El 16 de noviembre moría Ezequiel Ferreira de 7 años, a causa de un tumor cancerígeno en el cerebro producido por contaminación de agrotóxicos. Desde que cumpliera 4 años trabajaba juntando guano y sangre de pollos con manipulación de venenos, en la granja La Fernández de la empresa criadora Nuestra Huella, que provee a supermercados como Wall Mart y Carrefour.
La familia había sido reclutada en Misiones a fines del 2007, con la promesa de un trabajo estable y una vivienda segura, donde los chicos podrían ir a la escuela y crecer junto a la naturaleza, además de ser gratis los gastos de traslado. Al llegar a destino las esperanzas se desintegraron ante una realidad que distaba demasiado de lo prometido. El contratado por la empresa era el padre, quien debía realizar tareas a destajo imposibles de cumplir; por eso necesita de la colaboración de su mujer y sus hijos pequeños.
Una modalidad estimulada por los capataces -en tanto si el cupo no se cubre está siempre presente la amenaza del despido- y naturalizada por la existencia de cientos de familias que, en las mismas condiciones, trabajan en las setenta granjas de la empresa distribuidas en Pilar, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y distintas localidades de Córdoba. La muerte simbólica de Ezequiel revela la expoliación del trabajo infantil y adulto, realizado en condiciones subhumanas.
También revela una de las vertientes de la trata de personas: se ofrece a familias de pueblos misérrimos del interior o de países vecinos, la posibilidad de un empleo que les permita aspirar a una vida mejor. Cuando aceptan, el trabajo es agobiante; se sienten impotentes para defenderse; carecen de dinero y no pueden liberarse; los invade el desaliento; es imposible salir de esa trampa: lo más parecido a la situación de los esclavos.
Un millón y medio de chicos menores de 12 años trabajan en Argentina en tales condiciones: criaderos de pollos, talleres terciarizados de grandes marcas de ropa y otros rubros industriales, el sector agropecuario, son los principales beneficiarios del trabajo infantil. En todos los casos redunda en negocios altamente rentables para empresarios convencidos de pertenecer a una raza superior. En otras épocas, se afirmaba que "los únicos privilegiados son los niños"
El 23 de noviembre guardias privados de la familia Celía y policías provinciales de Formosa reprimen un corte de ruta de la comunidad toba de los Qom, que se resistían al desalojo de sus tierras. El gobernador kirchnerista Gildo Insfrán tomó la decisión: necesitaba las tierras para construir una universidad y un barrio de viviendas destinado a policías; a fin de alcanzar sus objetivos, solamente era necesario erradicar a esos seres indígenas inferiores. En el enfrentamiento muere un policía de Colonia Laguna Blanca y dos miembros de la comunidad: a Roberto López "lo fusilaron por la espalda de tres tiros"; también asesinan a Sixto Gómez, como castigo ejemplar.
Tres muertes simbólicas más, que en este caso reflejan el drama de la devastación de bosques nativos y el desalojo de comunidades indígenas o campesinas en favor de razas superiores, dispuestas a desplegar en esos territorios la civilización: sea construir una universidad o extender cultivos de soja transgénica. Al día siguiente, en una reunión de funcionarios en la Casa Rosada, se recibía con fuertes aplausos la intervención de Insfrán en una teleconferencia y poco después el gobierno nacional anuncia que no está dispuesto a intervenir la provincia, respetando el federalismo. Algunos de sus voceros, como el Secretario de Cultura de la Nación Jorge Coscia y un participante del programa televisivo kirchnerista Café Las palabras, llamaron la atención al director de la revista Barcelona, que tímidamente pretendió criticar el silencio presidencial ante esas muertes:"Cuidado que allí hay cosas oscuras, murió un policía y por detrás puede estar la soja; es todo muy oscuro". Lo único oscuro es la mente del Secretario de Cultura de la Nación.
El 7 de diciembre murieron en Villa Soldati Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años y Rosemary Churapuña, boliviana de 28 años, a consecuencia de balas policiales. La represión de ese día fue truculenta -con más de treinta heridos ensangrentados- y buscaba aniquilar los intentos de ocupar tierras para construir viviendas precarias que les permitieran refugiarse, ante la imposibilidad de pagar alquileres en la villa vecina.
Tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el nacional, han dado respuestas escasamente eficientes al derecho a una vivienda digna: mientras crece la especulación y el lavado de dinero en las construcciones de lujo, se calcula que el déficit habitacional para sectores populares, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, supera largamente el medio millón y crece exponencialmente en el Gran Buenos Aires.
La decisión de retirar a la Policía Federal y a la Metropolitana en el marco de un conflicto entre Mauricio Macri y el oficialismo -donde cada uno pretende cargar al otro con la responsabilidad de las muertes y la carencia de respuestas ante esa demanda- dejó al parque Indoamericano como tierra de nadie. Los vecinos de los edificios lindantes al parque deciden tomar el problema en sus manos, contando con el apoyo de barrabravas que viajaran al Mundial de Sudáfrica y, una vez más, matones sindicales. Blandiendo consignas racistas contra inmigrantes de países vecinos, atacan a los ocupantes con armas de fuego: Juan Castañeda Quispe, boliviano de 38 años, muere asesinado; mientras un joven de 19 años -cuya suerte aún no está clara- es sacado de la ambulancia que lo transportaba y lo golpean brutalmente.
Estas muertes simbólicas remiten al problema no resuelto de pobreza y la vivienda, que se conjugan con el maltrato a los inmigrantes de América Latina: el nombre del parque de la tragedia es una cruel ironía. Otra cruel ironía es la fecha de esas acciones aberrantes: 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Muertes por demanda de derechos laborales; muertes por hambre y desnutrición; muertes por trabajo esclavizado e infantil y por trata de personas; muertes por despojo de tierras a comunidades indígenas y campesinas; muertes por reclamar viviendas dignas y por maltrato a inmigrantes de naciones hermanas. Pareciera que la magnitud de la crisis social argentina sólo alcanza visibilidad, en un intento demasiadas veces estéril de conmover a los responsables políticos, al costo de una suma dramática de muertes simbólicas: todas en poco más de dos meses.
Alcira Argumedo
Reconocida científica social argentina comprometida con la izquierda política. Fuente; www.sinpermiso.info, 19 diciembre 2010.
